IVA en Instituciones de Fomento Rural que compiten con privados

En Uruguay, las Instituciones de Fomento Rural gozan de exoneraciones impositivas por las actividades que les son propias. Pero, ¿qué pasa cuando estas instituciones salen de su rol tradicional y prestan servicios en competencia directa con empresas privadas? ¿Siguen estando exoneradas del IVA? La DGI respondió esta pregunta con total claridad en la Consulta N° 5.062.

El caso que motivó la consulta

Un Ministerio uruguayo, con financiamiento del BID, llevaba adelante un Programa de fortalecimiento de la cadena ganadera, orientado especialmente a pequeños y medianos productores. Para participar del programa, los productores debían trabajar junto a "Operadores Habilitados": instituciones privadas seleccionadas mediante un llamado público.

Al revisar la documentación de pagos, el Ministerio detectó una irregularidad: seis de los operadores —todos ellos Instituciones de Fomento Rural— no emitían facturas ni aplicaban IVA, argumentando que no eran contribuyentes. El resto de los operadores sí facturaba con IVA.

La consulta buscaba determinar, con carácter vinculante, si esas instituciones debían o no inscribirse ante la DGI como contribuyentes del IVA y documentar sus operaciones en consecuencia.

¿Qué dice la normativa sobre las exoneraciones?

Para entender el criterio de la DGI, hay que conocer el marco legal aplicable:

• Artículo 6, Título 10 del TO 1996 (en la redacción de la Ley N° 18.083/2006): establece que las asociaciones y fundaciones son contribuyentes del IVA por las actividades gravadas comprendidas en el artículo 5 del Título 3.
• Artículo 19, Título 3 del TO 1996: las Sociedades de Fomento Rural están exoneradas de impuestos nacionales, pero únicamente por las actividades que les son propias y que no tengan naturaleza productiva o comercial.
• Artículo 1° del Decreto N° 38/994: reglamentando esa exoneración, excluye expresamente de ella a las actividades desarrolladas en competencia con la actividad privada.

En otras palabras: la exoneración existe, pero tiene un límite muy concreto. Cuando una Institución de Fomento Rural compite en el mercado contra empresas privadas, esa actividad queda fuera del paraguas de la exoneración.

El criterio de la DGI: hay IVA, sin excepciones

"Las Instituciones referenciadas se encuentran designadas como contribuyentes de IVA por su actividad como Operadores en competencia con los privados. Lo antedicho configura la prestación de un servicio a título oneroso, por lo que asiste razón a la consultante en el entendido que las Instituciones de Fomento Rural configuran el hecho generador del IVA."

— Comisión de Consultas de la DGI, enero de 2009

La lógica es coherente: si una institución sin fines de lucro sale a competir en el mercado privado y cobra honorarios por sus servicios, está actuando como cualquier otro proveedor. Pretender mantener la exoneración en ese contexto generaría una ventaja competitiva injustificada frente a las empresas privadas que sí tributan.

¿Qué deben hacer las instituciones en esta situación?

La DGI fue explícita respecto a las obligaciones formales y materiales que deben cumplir estas instituciones:

• Inscribirse o actualizar su inscripción ante el RUC como contribuyentes del IVA.
• Documentar todas sus operaciones conforme a las normas del Decreto N° 597/988 (en su redacción dada por el Decreto N° 388/992), que regula la documentación de operaciones comerciales.
• Emitir las facturas correspondientes con IVA incluido por los honorarios percibidos como operadores del programa.

Un punto importante que destaca la DGI: la obligación de documentar existe tanto si la actividad es gravada como si es exonerada. Es decir, el hecho de que una actividad esté exonerada no libera a la institución de cumplir con las formalidades de documentación.

¿Por qué esto importa más allá de este caso puntual?

Este criterio tiene implicancias prácticas para cualquier organización sin fines de lucro en Uruguay —cooperativas, asociaciones, fundaciones, gremiales— que eventualmente preste servicios remunerados en un mercado donde también participan empresas privadas.

Algunas situaciones donde puede aplicar este mismo razonamiento:

• Una gremial agropecuaria que brinda asesoramiento técnico pago a productores.
• Una asociación civil que presta servicios de capacitación o consultoría en un mercado competitivo.
• Una fundación que ejecuta proyectos financiados por organismos internacionales compitiendo con consultoras privadas.

En todos estos casos, la pregunta clave es: ¿la actividad se desarrolla en competencia con el sector privado? Si la respuesta es sí, el IVA aplica.

Texto completo de la consulta

CONSULTA N° 5.062

INSTITUCIONES DE FOMENTO RURAL QUE PRESTAN SERVICIOS EN COMPETENCIA CON PRIVADOS – IVA – GRAVABILIDAD, CORRESPONDE.

I.- La consulta.

Un Ministerio financiado por un préstamo del BID lleva adelante un Programa para el fortalecimiento de la cadena ganadera con especial énfasis en el aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores.

Para el logro de los objetivos del Programa, los productores deberán elaborar planes de gestión junto a un "Operador Habilitado", que serán instituciones estrictamente privadas convocadas a través de un llamado público.

Analizando la documentación de los pagos efectuados, excepto seis Operadores, el resto de los mismos emiten factura con su respectivo Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Al requerir las facturas de los omisos, se constata que los mismos son Instituciones de Fomento Rural, las cuales manifiestan que al no ser contribuyentes no emiten factura por sus servicios.

En definitiva, se consulta con carácter vinculante, respecto a la pertinencia o impertinencia de la facturación de honorarios por parte de Instituciones de Fomento Rural, que alegando encontrarse exoneradas, no emiten facturas por el cobro de los honorarios contemplados en el Contrato del Programa mencionado.

Adelantan opinión en el sentido que las seis Instituciones deberían inscribirse ante esta DGI como contribuyentes del IVA, y como tal, facturar honorarios en consecuencia.

II.- La respuesta.

El artículo 6 del Título 10 del TO 1996 (en la redacción dada por el artículo 18 de la Ley N° 18.083 de 27 de diciembre de 2006) dispuso que serán contribuyentes del IVA:

"H) Las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas a que se refiere el artículo 5 del Título 3 de este Texto Ordenado."

En consonancia, el artículo 19 del Título 3 del Texto Ordenado 1996, estableció que las sociedades de Fomento Rural se encuentran exoneradas de impuestos nacionales por las actividades que le son propias, siempre que no tengan naturaleza productiva o comercial. Por su parte el art. 1° del Dto. N° 38/994 de 1°.02.994 reglamentó tal exoneración disponiendo que quedan excluidas, entre otras, aquellas actividades desarrolladas en competencia con la actividad privada.

Por lo tanto, las asociaciones y fundaciones serán contribuyentes de IVA, toda vez que realicen actividades u operaciones comprendidas en la definición del hecho generador, que no estén directamente relacionadas con determinados fines específicos que hayan dado lugar a que se las declarara exoneradas.

En consecuencia, esta Comisión de Consultas entiende que, las Instituciones referenciadas, se encuentran designadas como contribuyentes de IVA por su actividad como Operadores en competencia con los privados. Lo antedicho, configura la prestación de un servicio a título oneroso, por lo que asiste razón a la consultante en el entendido que en el caso planteado, las Instituciones de Fomento Rural configuran el hecho generador del IVA.

Correspondiendo la aplicación del IVA sobre los honorarios de tales Operadores, las Instituciones deberán ajustar su inscripción ante el RUC, así como documentar sus operaciones en consecuencia; ya sea que nos encontremos ante una actividad gravada u exonerada ello no inhibe a que deba cumplirse con las normas formales y materiales previstas por el Decreto N° 597/988 de 21.09.988 en la redacción dada por el Decreto N° 388/992 de 17.08.992 (ver Consulta N° 4.653, Bol. N° 402).

13.01.009 — El Director General de Rentas, acorde. BOLETÍN N° 428