IRPF para uruguayos que trabajan en embajadas en el exterior

¿Sabías que los funcionarios uruguayos que trabajan en embajadas o representaciones diplomáticas en el exterior pueden estar sujetos al IRPF en Uruguay, incluso si ya pagan un impuesto equivalente en el país donde residen? Esta situación —que afecta a varios compatriotas— fue analizada por la DGI en la Consulta N° 4.812, y el resultado es tan interesante como revelador sobre los límites del sistema tributario uruguayo.

¿Cuál era la situación de la consultante?

Una ciudadana uruguaya, también nationalizada en un país europeo donde reside desde hace varios años, se desempeña como oficial de cancillería en la Embajada de Uruguay en ese país. Su caso plantea una problemática muy concreta:

• Aporta a la seguridad social del país europeo donde reside.
• Paga en ese mismo país un tributo equivalente al IRPF uruguayo, de aproximadamente el 20% de sus ingresos.
• No existe un tratado de doble imposición entre Uruguay y ese país europeo.
• Su sueldo se percibe en la moneda del país de residencia, con un costo de vida diferente al uruguayo.

La consultante preguntaba, en definitiva, qué medidas tenía previstas la DGI para evitar que ella —y otros uruguayos en igual situación— terminaran tributando dos veces sobre los mismos ingresos.

La solución que trajo la ley: el crédito fiscal por IRPF

Al momento de la consulta, estaba en proceso de aprobación lo que luego se promulgó como el artículo 322 de la Ley N° 18.172 del 31 de agosto de 2007. Esta norma agregó dos incisos al artículo 6° del Título 7 del Texto Ordenado 1996 y establece un mecanismo de alivio para estos casos:

Se faculta al Poder Ejecutivo a conceder créditos a favor del contribuyente por concepto de IRPF uruguayo, en casos como el de la consultante, siempre que dichos créditos no excedan la parte del impuesto devengada en cumplimiento de los servicios beneficiados por la norma.

En términos simples: si un funcionario uruguayo en el exterior paga un impuesto a la renta en el país donde trabaja, el Poder Ejecutivo puede autorizar que ese monto se compute como crédito contra el IRPF que le correspondería pagar en Uruguay. Así se evita —al menos parcialmente— la doble imposición.

¿Por qué dice la DGI que no puede hacer más?

La consultante entendía que la solución legal era parcial, ya que no contemplaba variables como:

• El país de residencia del funcionario (con su propio costo de vida).
• La moneda en que se cobra el sueldo.
• Las diferencias de poder adquisitivo entre países.

Sin embargo, la DGI fue clara en su respuesta: no le corresponde a ella resolver estas insuficiencias. Su rol es aplicar la ley vigente y su reglamentación, en cumplimiento estricto del principio de legalidad establecido en el artículo 2° del Código Tributario.

Además, la propia norma otorga la potestad reglamentaria al Poder Ejecutivo (según el artículo 168, numeral 4° de la Constitución de la República). Es decir, si la ley tiene vacíos o resulta insuficiente, el camino para subsanarlos no pasa por la DGI, sino por el Poder Ejecutivo (mediante decretos reglamentarios) o por el Parlamento (mediante nueva legislación).

¿Qué implica esto en la práctica para funcionarios en el exterior?

Si sos un funcionario uruguayo prestando servicios en una embajada, consulado u otra representación del Estado en el exterior, estos son los puntos clave que debés tener en cuenta:

• El IRPF uruguayo puede aplicarte igualmente, aun cuando ya pagues un impuesto equivalente en el país donde residís.
• La ley prevé un mecanismo de crédito fiscal para evitar la doble imposición, pero su aplicación depende de que el Poder Ejecutivo lo reglamente y lo habilite en tu caso concreto.
• Si no existe un convenio de doble imposición entre Uruguay y el país donde trabajás, la protección es menor y más dependiente de la reglamentación interna.
• Las particularidades del país de residencia (moneda, costo de vida, tasa impositiva local) no son contempladas automáticamente por la normativa uruguaya.
• Ante dudas, lo recomendable es consultar con un contador o asesor tributario que pueda analizar tu situación puntual.

Un recordatorio sobre el principio de legalidad tributaria

Este caso también es una buena ilustración de un principio fundamental del derecho tributario uruguayo: la DGI solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede crear créditos, exoneraciones ni beneficios que no estén expresamente previstos en una norma legal. Si la ley resulta insuficiente o injusta en un caso concreto, la solución debe buscarse por la vía legislativa o reglamentaria, no ante la administración tributaria.

Esto es especialmente relevante para emprendedores y profesionales que, al igual que la consultante, a veces esperan que la DGI "resuelva" situaciones que en realidad escapan a sus competencias.

Texto completo de la consulta

CONSULTA N° 4.812

CIUDADANA URUGUAYA QUE PRESTA SERVICIOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EMBAJADA DE URUGUAY - IRPF - CONSIDERACIONES.

1. Una ciudadana uruguaya nacionalizada en un país europeo donde reside desde hace varios años, y que presta funciones como oficial de cancillería en la Embajada de Uruguay, informa que aporta a la seguridad social del país europeo, donde también paga aproximadamente un 20% de sus ingresos por un tributo equivalente al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de Uruguay.

No existiendo tratado internacional sobre doble imposición con el país europeo y conocedora de que a la fecha de la consulta estaba en trámite la ley de Rendición de Cuentas 2006, donde en uno de los artículos se atiende su caso y el de funcionarios de Uruguay en similar situación, inquiere respecto de: "qué medidas tiene previstas vuestra dirección para dar solución a estos problemas" que afectan a varios uruguayos en igual situación.

Planteo que hace en cuanto el artículo mencionado no considera el país de residencia del contribuyente, y con ello no tiene en cuenta la moneda en que se percibe el sueldo y el costo de vida en el mismo; considerando por ende que la disposición legal de referencia da solo una solución parcial.

2. La norma citada por la interesada, fue promulgada recientemente el 31 de agosto de 2007, como artículo 322 de Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 que, agrega dos incisos al artículo 6° del Título 7, Texto Ordenado 1996, que faculta al Poder Ejecutivo, en casos como el consultado, a conceder créditos a favor del contribuyente por concepto de IRPF de Uruguay, y siempre que no excedan de la parte devengada por éste en cumplimiento de los servicios que la norma beneficia.

3. Atento a lo solicitado por la consultante, no corresponde a esta Comisión de Consultas discutir las razones que invoca, si bien no pueden dársele las soluciones que demanda de la Dirección General Impositiva de Uruguay.

En efecto, como resulta de la norma en examen y de la propia Constitución de la República (Art. 168 Num. 4°), es al Poder Ejecutivo a quien pertenece reglamentarla, dentro de los parámetros que la misma disposición legal impone.

Siendo así, a la Dirección General Impositiva sólo le cabe aplicar la disposición legal y su reglamento, de acuerdo con el expreso principio de legalidad que edicta el artículo 2° del Código Tributario.

Consiguientemente, no puede dar solución a lo requerido por la consultante, pues se agravia de insuficiencias de la ley, que más allá de que lo sean o no, constituyen un límite que la misma impone, y que por tanto, la Dirección General Impositiva debe acatar y hacer cumplir.

23.11.007 - El Director General de Rentas, acorde.

BOLETÍN 414 - NOVIEMBRE DE 2007